La depravación

Os robo unos minutos para contaros una historia que se está escribiendo hoy mismo: el Govern del PP en Balears ha decidido pagar por no ir a trabajar a empleados públicos a los que antes había despedido ilegalmente. Es la historia, en definitiva, de cómo un gobierno incompetente hará pagar su error a todos los ciudadanos con tal de no reconocer sus pifias. Ya sé que es lo habitual, pero este episodio es especialmente indignante en la España de los 6.202.700 parados, donde el vicio de gestionar solo con el ojo puesto en el beneficio político propio ha degenerado en depravación. Os pongo en antecedentes. Hace un año y medio, el entonces nuevo gobierno del PP en Balears, presidido por José Ramón Bauzá, anunció un plan para reducir las empresas públicas de la comunidad. Eran muchas: 193, más que ninguna otra comunidad. La mayoría de ellas, por no decir todas, habían sido creadas en anteriores etapas de gobiernos del PP (sí, Matas andaba por ahí, urdangarineando a lo grande). Las empresas se utilizaron fundamentalmente para colocar afines, afiliados y amiguetes a los que pagar votos y comprar favores pasados o futuros. Pues bien, el president Bauzá, en un anuncio solemne sembrado de llamadas al bien común, dijo que acabaría con eso. Y se le aplaudió.

El president nombró para la tarea a un señor con fama de gestor correoso que hizo carrera liquidando grandes empresas privadas en fase terminal. Ese señor le puso la proa a la plantilla de las empresas públicas y en un año echó a 600 de sus 3.500 trabajadores sin pagarles ni la mínima indemnización que exige la ley. ¿Cómo fue eso? Este señor, que se llama Joaquín García, y la jefa de Abogacía del Govern, que se llama Antònia Perello, decidieron por su cuenta y riesgo que como esos trabajadores no habían pasado una oposición jamás (el enchufismo es lo que tiene) se les podía echar de cualquier manera. Así que los declararon unilateralmene interinos y eliminaron sus plazas sin darles ni un euro de compensación. Dieron la orden de ejecutar los despidos masivos a los gerentes de las empresas públicas, que en algunos casos se escandalizaron y en otros no encontraron abogados en su estructura empresarial dispuestos a firmar tamaña aberración. Aún así se aplicó. La purga, que se dirigió fundamentalmente contra trabajadores no enchufados por el PP y se aplicó incluso a algunos de los pocos curritos que sí habían pasado algo parecido a un concurso-oposición, llegó a los tribunales de la mano del sindicato UGT. Y allí el Govern está perdiendo: tras un goteo de sentencias adversas, la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Balears (instancia a la que se recurrieron todas esas primeras sentencias) aseguró que lo de despedir sin indemnizar es simple y llanamente ilegal.

Y hasta aquí todo normal: uno gana, otro pierde, hay justicia. Pero no: el Govern balear ha decidido recurrir la sentencia al Tribunal Supremo. La cosa tardará cuatro o cinco años en resolverse, y tanto en el Govern como fuera de él se tiene claro que los jueces van a volver a dar la razón a los trabajadores. ¿Por qué se recurre entonces? Y sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias de esta nueva decisión del Govern? Pues las empezamos a ver esta semana: las empresas públicas deberán readmitir a sus trabajadores mientras el Supremo se pronuncia (recordemos, cuatro años), pero resulta que el Govern, en vez de hacer eso, ha decidido que los trabajadores se quedarán en casa pero seguirán cobrando sus sueldos. Cobrarán dinero de todos por no trabajar.

¿No hay otra opción? Hay muchas. La principal es reconocer el error, alegar que se hizo para ahorrar dinero a los ciudadanos, pedir disculpas, asumir responsabilidades políticas, renunciar al recurso ante el Supremo, readmitir a los trabajadores, pagarles los salarios atrasados de este año y medio de juicio y después echarlos con la indemnización que marca la ley (20 días por año trabajado, una ganga gracias a Rajoy). No lo harán. ¿Por qué? Porque eso, además de ser lo éticamente correcto (y la ética da alergia a algunos políticos), supondría que el Govern, el señor García y la señora abogada Perelló deberían reconocer que la han cagado a lo grande. Así que, lejos de farfullar siquiera una disculpa, prefieren insistir a quien les quiere escuchar que ellos tienen razón y los jueces son unos piernas, mientras continúan dilapidando dinero de todos en salvar su orgullo, pagando para ello salarios de hasta 2.800 euros al mes a trabajadores que no van a sus puestos. Primero pisotearon los derechos de los trabajadores ejecutándolos al margen de la ley y ahora pisotean sus deberes con los ciudadanos tirando el dinero de todos, con unos despidos que acabarán costando siete veces lo que habrían supuesto si se hubiera respetado la ley. Así se lo dijo el juez, que en una bronca ejemplar y vehemente durante la lectura de la sentencia les recordó a los cowboys del Govern que, por mucho que Rajoy se empeñe, España no es el salvaje oeste. El juez solo olvidó llamar depravados a los responsables políticos de la aberración que pagaremos todos. Fue su único error.